Imputado actual alcalde de Puerto Rico – Caquetá por presuntas irregularidades en un contrato ejecutado en 2014
Wilmer Cárdenas Rodríguez, actual alcalde de Puerto Rico – Caquetá, fue imputado por la Fiscalía mediante audiencia virtual este 8 de julio, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, por hechos presuntamente cometidos en el año 2014 durante su primer mandato (2012-2015).
El alcalde, quien no aceptó cargos, al parecer incurrió en tales conductas al suscribir el contrato de suministro N°6 del 29 de octubre de 2014, con la empresa Distrisalud Caquetá, el cual tenía por objeto dotar de equipos médicos a la ESE Sor Teresa de Adele – sede IPS Puerto Rico, para el mejoramiento de la calidad de los servicios allí prestados por un valor de $552’000.000. La representante de dicha firma, Irma García Prieto, también fue imputada por los mismos delitos.
Dentro de los elementos a adquirir se encontraba un equipo de rayos X fijo, el cual se compró por un valor de $123’915.550. Sin embargo, se evidenció que este no cumplía con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato, y adicionalmente fue entregado en malas condiciones.
Se estableció igualmente por parte de la policía judicial, que algunos elementos estaban contemplados dentro de los que se iban a suministrar, pero no fueron entregados por parte del contratista a la IPS de Puerto Rico, tales como un monitor de signos vitales por valor de $14’500.000 y un protector Gonadal USA por valor de $561.440, evidenciándose entonces un peculado por $138’976.990.
Tanto el alcalde como el supervisor de ese contrato, Óscar Eduardo Murcia, igualmente judicializado, supuestamente recibieron a satisfacción el equipo de rayos X fijo, pese a las irregularidades presentadas, y autorizaron el pago.
Murcia habría incurrido en falsedad ideológica, cuando en el acta de supervisión final afirmó que se entregó el equipo cumpliendo con las exigencias técnicas y la calidad requerida.
Los investigadores evidenciaron, además, irregularidades en el proceso contractual, específicamente en su ejecución y en liquidación.
