Fiscalía logró condena para exfuncionaria del Hospital Departamental de Villavicencio
Una pena de 30 meses de prisión y multa de más de 12.000 salarios mínimos legales vigentes, impuso el Juzgado Cuarto penal del Circuito en contra de Sandra Liliana Velásquez Peñuela, en calidad de autor penalmente responsable del delito de peculado por apropiación de más de $50’000.000 del Hospital Departamental de Villavicencio.
La Fiscalía General demostró que Velásquez Peñuela, entre septiembre de 2016 y abril de 2018, cuando se desempeñaba como coordinadora de la Unidad de Emergencias del Hospital Departamental, durante 17 meses, se apropió de $54’375.000 que conformaban el presupuesto del Hospital.
Con el material probatorio presentado por la Fiscalía, la condenada de 51 años aceptó su responsabilidad en los hechos imputados en audiencias concentradas de marzo de 2019, momento en el cual no aceptó los cargos.
El ente investigador evidenció que Velásquez Peñuela solicitaba a los médicos del Hospital Departamental que firmaran adiciones a los contratos y luego presentaran cuentas de cobro por noventa (90) horas, supuestamente trabajadas. Luego de consignados los dineros, los galenos debían devolverlos a la hoy condenada. Según se demostró, los pagos se hacían en efectivo en la casa, en el hospital y, en algunas oportunidades, a través de un tercero.
La apropiación de estos dineros se cumplió en veintidós (22) ocasiones, con la firma de catorce (14) médicos, que entregaron a la condenada entre $2’500.000 y $2’343.750, cada uno.
En el fallo emitido, el Juzgado negó a la sentenciada la concesión de los subrogados penales de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la sustitución por prisión domiciliaria, por lo cual Velásquez Peñuela deberá cumplir la pena impuesta en el establecimiento penitenciario que el INPEC determine, el cual debe cumplir medidas de seguridad necesarias para evitar el contagio del Covid-19.
Ante la decisión del juez, la Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar el estado médico de la condenada y garantizar que esté en buenas condiciones antes de realizar su traslado al lugar de detención.
