Alerta por posibles sobrecostos hallados en contratos PAE durante la pandemia
El control y seguimiento realizado por la Contraloría General de la República a los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la emergencia ocasionada por la pandemia, permitió establecer 30 alertas por sobrecostos de $34.856’000.000 y da lugar a la apertura de 4 indagaciones preliminares por $6.074’000.000.
En el marco del control concomitante y preventivo que realiza la CGR, se dispuso el inicio de 4 Indagaciones Preliminares por presuntos sobrecostos que ascienden a $6.074’000.000, que involucran la contratación en los municipios de: Chía ($3.771 millones); Medellín ($2.224 millones); Zipaquirá ($43 millones); y Arboletes ($34 millones).
Las 30 alertas por posibles sobrecostos, halladas en contratos PAE que aún no se han cancelado en su totalidad, corresponden a $34.856’000.000, sobre los cuales se realizarán acciones de control fiscal. Las alertas generadas son en los siguientes departamentos:
- Departamento del Meta:
Villavicencio ($293 millones).
- Departamento de Bolívar:
Contratación directa del Departamento ($9.128 millones) y del municipio Magangué ($621 millones).
- Departamento de Cundinamarca:
Contratación del Departamento ($2.474 millones) y de los municipios de Facatativá ($599 millones), Fusagasugá ($22 millones), Funza ($1.130 millones), Girardot ($37 millones) y Soacha ($765 millones).
- Departamento de Risaralda:
Contratación del Departamento ($944 millones) y de Pereira ($1.595 millones).
- Departamento del Valle del Cauca:
Buenaventura ($1.585 millones).
- Departamento de Antioquia:
Medellín ($11.246 millones), Bello ($924 millones), Rionegro ($839 millones), Turbo ($816 millones), Itagüí ($291 millones), Apartadó ($273 millones), El Bagre ($165 millones), Caucasia ($122 millones), Necoclí ($119 millones), La Ceja del Tambo ($118 millones), Remedios ($113 millones), Sabaneta ($108 millones), Chigorodó ($89 millones), Carepa ($86 millones), Dabeiba ($41 millones) y Arboletes ($31 millones).
Para la Contraloría, este panorama evidencia el riesgo al que está expuesto el PAE, dado que la eventual pérdida de estos recursos disminuiría el suministro del complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes, afectando el cumplimiento de los objetivos del programa.
